La ruta de la arena — Impactante reportaje sobre extracción ilegal en San Cristóbal

Como en un viejo Western, una caseta vacía custodia la entrada al río Nizao, en el tramo que atraviesa El Roblegal, en la sección Las Barias, del municipio Baní, en el sur de la República Dominicana. En ocasiones, dicen los vecinos, un vigilante armado controla el paso y solo permite el ingreso de camiones y maquinaria pesada. Alrededor de 25 volquetas entran y salen cargadas de agregados —arena y grava que se usan para la construcción—, levantando una nube de polvo entre piedras y charcos estancados, evidencia de un ecocidio que, poco a poco, ha hecho desaparecer el río bajo tierra.

“Décadas de explotación indiscriminada han provocado una sobreexcavación severa del cauce, hundiendo su lecho y colapsando sus márgenes”, explica el biólogo Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Luis Carvajal, biólogo y coordinador de la Comisión Medioambiental de la Universidad Autonóma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, ha documentado durante años la devastación de los ríos por parte de intereses comerciales y autoridades permisivas.

Tres jóvenes en motocicleta patrullan la zona, vigilando posibles intrusos. Al fondo, una retroexcavadora ruge mientras una pala carga un camión. Al intentar grabar la escena, un hombre arrebata violentamente el móvil, mientras se acerca Milcíades Martínez, síndico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la comunidad de Pizarrete, que colinda con el pueblo El Roblegal. Martínez, exige documentos de identidad y, aunque ordena devolver el móvil, hostiga al equipo de periodistas hasta su vehículo, alegando el derecho de propiedad privada. No hay letreros que lo indiquen, y la escena ocurre a escasos metros del cauce del afluente y de dos máquinas en operación.

Aunque el titular de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), Francisco Contreras, aseguró a América Futura que el río Nizao está vigilado permanentemente por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), institución que pertenece al Ejército Nacional, durante la visita no se observó ninguna autoridad en la zona. “Tengo entendido que ese señor opera en una finca cercana. El problema es que a veces obtienen permisos y luego se exceden, incluso de noche”, admitió Contreras.

La ley dominicana establece una franja de protección de 30 metros alrededor de ríos y arroyos. Sin embargo, tanto el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), Paíno Henríquez, como el procurador Contreras coinciden en que en casos como el del afluente Nizao, fragilizado por el constante saqueo de tierras, debería ampliarse a 300 metros. Además, la legislación prohíbe la extracción de agregados, pero permite concesiones bajo ciertas condiciones, lo que genera contradicciones. Desde 1986, varios gobiernos han intentado frenar la actividad con decretos y acuerdos que nunca se han cumplido. Hoy, en teoría, está totalmente vetada. Las medidas de prohibición se repiten, pero el problema persiste.